Que la basura es un problema transversal en todas las sociedades pareciera ser un hecho irrefutable. Sin embargo,  la forma en que afecta nuestra calidad de vida depende mucho de nuestros ingresos y lugar de nacimiento, incluso dentro de una misma ciudad.

María Teresa Ferrada Escanilla – Enfermera Mg en Gestión y Ordenamiento Ambiental
Nicolás Labra Cataldo – Msc. Desarrollo Sostenible, Investigador en Economía Circular

Cuando hablamos de basura lo más probable es que nuestra primera imagen sea unas bolsas negras en la calle, un vertedero, lo último que se echó al tacho o un micro basural que se forma permanentemente en una esquina de nuestro barrio. Sin embargo, este  conjunto de asociaciones están lejos de representar la gran complejidad que engloba a la gestión de residuos y, en particular, sus implicaciones socioeconómicas. El problema de los residuos abarca desde los procesos que comienzan con su generación hasta su valorización y disposición final. En esta cadena, existe una gran diversidad de actores que participan activa y pasivamente.

Desde el punto de vista de la producción de residuos, el nivel de ingresos de los generadores es uno de los factores más determinantes y se establece dentro de 3 relaciones principales. La primera es una relación directa entre el volumen de residuos generados y el ingreso medio por persona, usualmente medida a través del producto interno bruto (PIB) per cápita. Países como Suiza, Dinamarca y Estados Unidos pertenecen al grupo con un alto PIB per cápita y cuentan con una generación que supera los 2 kg diarios de residuos por persona. En el lado opuesto, países de bajos ingresos como Ghana y Haití presentan una generación que no supera los 0.6 kg diarios. 

La segunda relación tiene que ver con la composición de los residuos generados y su efecto se evidencia mayormente en la proporción de material orgánico de una manera inversa. En los grupos de altos ingresos, los residuos orgánicos corresponden al 30% del total, mientras en los grupos de bajos ingresos este valor bordea el 60%.

La tercera relación entre el nivel de ingresos y los residuos tiene que ver directamente con su gestión, es decir, lo que ocurre posterior a su generación. En particular, las diferencias socioeconómicas definen la calidad y extensión de la recolección y valorización de los residuos. Mientras en los sectores socioeconómicos de altos ingresos, la tasa de recolección (definida como la cantidad de residuos que son retirados y gestionados por un agente autorizado) corresponde a un 96%, en los sectores de bajos ingresos este indicador bordea el 40%. A nivel de alternativas de gestión, los países de altos ingresos se caracterizan por su alta dependencia en rellenos sanitarios y centros de reciclaje, mientras que en los sectores de bajos ingresos, los vertederos son la alternativa de disposición más masiva. 

Fuente: Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). What a Waste 2.0. 

Lo interesante y crítico de estas dinámicas entre ingresos, generación y gestión de residuos es su transversalidad, ya que se encuentran tanto global como localmente. La escala global está determinada por una red de mercados y tratados internacionales. Hoy existen países que se han transformado en importadores de residuos y, que en la mayoría de los casos, corresponden a países de bajos ingresos. No es sorpresa destacar que estos “rellenos sanitarios globales” disponen principalmente los materiales en desuso de los países desarrollados. 

Ghana es uno de los más icónicos. Este país Sudafricano tiene un ingreso per cápita 5 veces menor al de Chile y se ha posicionado como uno de los destinos internacionales más comunes para la chatarra electrónica o “e-waste” bajo la consigna de ofrecer alternativas de desarrollo para los desarmadores y recicladores locales. La falta de equipamiento y protocolos mínimos de seguridad son factores que dan cabida a miles de zonas de sacrificio ambiental que genera efectos irreversibles en los recicladores informales.

Fuente: https://theconversation.com/how-potential-of-massive-e-waste-dump-in-ghana-can-be-harnessed-121953

La escala local  está definida por factores como la ubicación de los espacios de disposición y las alternativas de gestión que los habitantes tienen en función de sus ingresos medios dentro de un mismo país o región. Siguiendo el esquema internacional, estos espacios de valorización se encuentran en comunas con bajos ingresos cuya valorización por metro cuadrado promueve la operación de estrategias lineales de gestión (comprar, usar, tirar). Esta realidad es una evidencia inequívoca de un problema de justicia ambiental que debe ser abordado también con sus aspectos sociales y económicos. 

En Chile, esta es una realidad latente que cuenta con varios ejemplos. El Relleno Santa Marta, ubicado en la comuna de San Bernardo (PIB per cápita $248.812) genera externalidades negativas que afectan directamente la calidad de vida de la población aledaña en temas como la presencia de olores y vectores. Estos impactos significan costos adicionales de mitigación que los afectados deben afrontar por el solo hecho de “vivir donde viven”. Desde un punto de vista sistémico, este impuesto a la pobreza existe debido a la inhabilidad de los sectores de altos recursos para gestionar sus residuos dentro sus comunas.

Chile, definido como un país en transición al desarrollo, cuenta hoy con una generación promedio de 1.26 kg per cápita y una composición similar a los países de bajos ingresos. Según el Quinto Reporte del Estado del Medio Ambiente (2019), más del 70% de la disposición final de los residuos sólidos municipales se realiza en instalaciones autorizadas, es decir, 6 millones de toneladas de residuos por año se disponen en rellenos sanitarios. A nivel regional, existe una alta heterogeneidad en los porcentajes de disposición final adecuada. Los menores porcentajes se presentan en zonas extremas como Arica y Parinacota, y Magallanes. En estas regiones, los problemas de trazabilidad se evidencian en el hecho de que para el 30% de los residuos no es posible determinar las instalaciones en las que se realiza su disposición final. A nivel de registros, en el año 2017 el  Ministerio del Medio Ambiente detectó 73 vertederos ilegales que se extendían por 400 hectáreas de superficie a lo largo de todo el país, además de otros 600 micro basurales. Si bien ya se han desarrollado  planes que apuntan a mejorar la sostenibilidad en la gestión de residuos tales como la Ley REP y la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, existe una alta producción de desechos sólidos sin reutilización o reciclaje. 

La diferencia socioeconómica se evidencia también a nivel de cultura de valorización. Según la Encuesta Nacional del Medio Ambiente del 2018, el 53% de la población de los sectores C1-C2 declara separar sus residuos para reciclar, mientras que en los sectores D-E, este valor corresponde a un 47%. ¿Cómo cambiaría el paisaje estructural y la distribución social de Santiago si comunas como Las Condes o Providencia (PIB per cápita $1.107.947 y $1.257.890 respectivamente) se vieran en la obligación de hacerse cargo de sus residuos?

Residuos y su Impacto en la Salud

Según el último reporte del Banco Mundial, más de 15 millones de personas en todo el mundo se ganan la vida informalmente a partir de los desechos. Este grupo se encuentra compuesto por una alta fracción de mujeres, niños, ancianos, desempleados y/o migrantes, siendo un grupo demográfico vulnerable.

Los efectos en la salud a los que se exponen los recolectores de residuos y recicladores informales son innumerables, y van desde daños físicos (cortes, pinchazos, caídas y atropellos) a exposiciones químicas (inhalación de gases, irritación en la piel). Estas últimas pueden generar intoxicaciones y diarreas y, en el caso de ser una exposición permanente, están vinculadas a enfermedades crónicas graves.

Los metales pesados son uno de los focos de riesgo más críticos. En Agbogbloshie, un barrio Ghanés conocido por ser uno de los vertederos de e-waste más grandes del mundo, las concentraciones de mercurio, plomo y cadmio han registrado valores nunca antes vistos en el continente africano y que incluso podría afectar a varias generaciones. Los niveles de pobreza de los trabajadores y la falta de otras alternativas forman también un espiral de dependencia socio laboral del cual salir resulta muy difícil.

Según los expertos, la aplicación estricta del protocolo de Basilea es una de las soluciones inmediatas que pueden tener mayor efecto. Pareciera ser que la regulación e incluso el cierre de estos vertederos mortales conllevan costos de corto plazo que gobiernos como el Ghanés y los exportadores de residuos desde el Norte Global no quieren asumir.

La calidad de la gestión de residuos sólidos afecta también a las poblaciones que habitan los sectores aledaños a depósitos de residuos. Estas zonas son usualmente fuente de alimento y refugio para ratas, mosquitos y animales carroñeros, que funcionan como vectores en la transmisión de enfermedades.

Fuente:: https://eapnmelilla.files.wordpress.com/2012/11/recoleccic3b3n-de-basura-el-empleo-de-los-pobres1.jpg

Los desafíos y oportunidades

El inminente colapso de los rellenos sanitarios es uno de los factores críticos que están marcando las líneas de acción de las políticas públicas sobre residuos en el país. Más allá de la crisis ambiental y sanitaria, esto representa una oportunidad para re-pensar la forma en que gestionamos los residuos y, en particular, la manera en que distribuimos los centros de disposición y valorización. Los esfuerzos por promover una industria regional de valorización desde La Ley REP parecen no ser suficientes para generar una cultura transversal de consumo y gestión sostenible de residuos en una escala nacional. La Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos que actualmente se encuentra en proceso de elaboración, puede ampliar la discusión y abordar las injusticias ambientales desde una mirada práctica.

Mientras las razones que subyacen a los problemas de distribución de ingresos parecen ser inabordables desde un solo enfoque, una planificación urbana más equitativa puede ser una herramienta clave para abordar el problema de los espacios físicos de gestión de residuos desde el final de la cadena. O al menos, es un punto de inicio para incomodar a quienes históricamente se han desentendido de los efectos que producen sus propios niveles de consumo. La gestión local debe plantearse como un principio ético a ser incluido dentro de los sistemas de economía circular con el fin de integrar las externalidades que han dado y están dando forma a la relación en que nos relacionamos con nuestro entorno. En la misma línea, la promoción del reciclaje como estrategia masiva de valorización puede potenciarse al considerar también su potencial efecto social y económico en los sectores más vulnerables. Un producto reciclado es potencialmente un producto menos que disponer en vertederos y, por lo tanto, un aporte a mejorar la calidad de vida de quienes voluntaria o involuntariamente asumen el costo colectivo de una mala gestión de residuos.

En la misma línea, el efecto en la salud de los agentes activos y pasivos de la gestión de residuos debe adquirir un rol más relevante en las estrategias de residuos. La Política de Inclusión de los Recicladores de Base es un avance relevante en este sentido que releva a la salud de los trabajadores de manera explícita. Sin embargo, la agenda queda al debe en cuanto a cuestionar los protocolos que definen la ubicación y logística de las instalaciones para la disposición lineal de residuos. Nuevamente, la minimización ofrece un enfoque que pareciera ser clave para repensar nuestras ciudades, ya que después de todo, no hay mejor basura que la que no se genera. Pero ¿qué tan en serio estamos tomando este tipo de medidas? Los países y sectores de más ingresos tienen una responsabilidad moral que debe reconocerse para establecer mecanismos más equitativos para diseñar sistemas sostenibles de residuos. Si desde la gestión ambiental no podemos abordar la redistribución de la riqueza, al menos podemos luchar por una redistribución de las externalidades.