El nuevo marco constitucional entrega la vía institucional para poder administrar dicha crisis en términos sociales y ambientales, ya que reconoce la interdependencia de nuestra especie con la naturaleza y nos devuelve la conexión con esta, se establece la intergeneracionalidad que permite pensar en las próximas generaciones, los derechos de la naturaleza, la educación ambiental, la soberanía alimentaria, el derecho humano al agua, el delito ambiental, el reconocimiento de los bienes comunes, la protección de la biodiversidad, la restauración ecológica, entre otras normas, las que hacen el llamado a la urgencia y nos invitan actuar y ha realizar un cambio de conciencia.

Por Pamela Poo, directora de Políticas Públicas e Incidencia en Fundación Ecosur

La crisis climática y ecológica ya está aquí y llegó para quedarse. El desafío actual es limitar el nivel de peligrosidad de las consecuencias que conlleva, lo que depende de la acción climática que los estados impulsen, y hasta ahora todo indica que la voluntad política de reducir las emisiones no está ocurriendo, por lo que el riesgo cada día se acerca más. Los efectos que está provocando el alza de temperatura ya los estamos sintiendo y notando tanto en nuestro país, como en otras partes del mundo: olas de calor, inundaciones, sequías y un sin número de efectos ya se evidencian y nos anuncia una realidad cada vez más hostil.

Las responsabilidades de las emisiones globales, si bien son compartidas, vienen principalmente desde el norte global en donde emisores históricos, como Estados Unidos y Europa, cargan con gran parte del peso de la situación actual, en donde las probabilidades de que el Acuerdo de París se cumpla en torno a la baja de emisiones, se desvanece cada vez más. Por otra parte, la crisis ecológica de no mejorar la situación, se espera que se extingan un millón de especies, lo que tendrá efectos que incluso no podemos cuantificar.

Ante el breve y complejo escenario descrito, nuestro país emerge como un faro que puede iluminar al resto del mundo y ser una vanguardia. La propuesta de nueva Constitución, ante un escenario de crisis climática en donde las probabilidades de limitar la temperatura en 1,5°C e incluso 2°C son bajas, es coherente con la necesidad de que los estados cuenten con instrumentos para generar políticas públicas, planes, programas, medidas en torno a los riesgos y desastres y garantías sociales que resguarden a la ciudadanía para poder de algún modo anticiparnos a la realidad.

El nuevo marco constitucional entrega la vía institucional para poder administrar dicha crisis en términos sociales y ambientales, ya que reconoce la interdependencia de nuestra especie con la naturaleza y nos devuelve la conexión con esta, se establece la intergeneracionalidad que permite pensar en las próximas generaciones, los derechos de la naturaleza, la educación ambiental, la soberanía alimentaria, el derecho humano al agua, el delito ambiental, el reconocimiento de los bienes comunes, la protección de la biodiversidad, la restauración ecológica, entre otras normas, las que hacen el llamado a la urgencia y nos invitan actuar y ha realizar un cambio de conciencia.

Se suma a lo anterior la posibilidad de la participación activa de la sociedad en la toma de decisiones, la descentralización y elementos que sanan una democracia que estaba constreñida por una democracia que fue pactada y tutelada por la actual Constitución, la que de paso se construyó sobre la muerte y la intolerancia con aquellos que pensaban un país distinto, por otra parte el texto vigente, no entrega posibilidad alguna de abordar la crisis climática y ecológica, solo permite rodearla, cuestión insuficiente ante los graves escenarios que tendremos con dicha crisis.

Contar con una Constitución que acoja el equilibrio con la naturaleza en la línea de la adaptación es una solución sobre la mesa desde el sur global, en donde la riqueza de la biodiversidad y bienes de la naturaleza es amplia, y del cual el norte necesita para poder continuar con niveles de vida insostenibles para el planeta en la búsqueda del constante y desmedido consumo y bienestar material, en el cual se enmarca su propuesta de carbono neutralidad. Por lo tanto. Chile presenta una propuesta sólida como respuesta a la crisis climática y ecológica, la que incluso nos aleja de las tentaciones y soluciones autoritarias que podrían asomar en los graves escenarios que se avecinan, por lo que la propuesta de nueva Constitución nos devuelve la posibilidad de administrar y gestionar la complejidad de lo que se nos viene. La ventana para prepararnos es breve, estamos en el punto donde la salida democrática a la crisis no podemos arriesgarla, por lo tanto aprobar es un acto de reciprocidad con las generaciones actuales y venideras y un acto de sobrevivencia y resistencia ante la muerte, contaminación y destrucción de la biodiversidad y sus ecosistemas.