Por Iris Arnould

Cuando comencé mi práctica en la Fundación Basura, mi primera tarea fue escribir un modelo de proyecto de ley que pudiera ser utilizado por países de Latinoamérica como base para su propia legislación sobre el greenwashing. Al principio, cuestioné la necesidad de regular el greenwashing, ya que consideré que la gestión adecuada de la basura era una prioridad más urgente y todavía no regulada en muchos países. Pensé que Chile, al ser un país más desarrollado, podía permitirse legislar sobre este tema, pero otros países no estarían interesados.

Sin embargo, después de reflexionar mucho sobre el tema, me di cuenta de que no había sido un error priorizar la regulación del greenwashing. Creo que es igualmente importante regular la gestión práctica y física de la basura, así como controlar la información que se transmite. Existe un movimiento creciente de conciencia sobre la urgencia climática y una voluntad cada vez mayor de las personas de actuar de manera más responsable y amigable con el medio ambiente. Sin embargo, a menudo estos esfuerzos pueden ser en vano o incluso perjudiciales para el planeta. En efecto, el greenwashing, como práctica comercial engañosa, puede confundir a los consumidores y hacerles creer que están comprando productos amigables con el medio ambiente, cuando en realidad no lo son. Esto puede llevar a la compra de productos que tienen un impacto negativo en el medio ambiente, lo que es contraproducente para cualquier esfuerzo de protección ambiental. 

Por ejemplo, podemos mencionar las bolsas mayormente bio basadas (con 75% de polietileno de  caña de azúcar) que, en realidad, no son biodegradables ni compostables, sino que se degradan en 400 años. Como comprador, puedo pensar que estoy haciendo algo bueno eligiendo esta bolsa en lugar de una de plástico, pero en realidad, la bolsa de plástico puede ser reciclada, mientras que esta no lo es. Si me doy cuenta de que fue un engaño comercial de la empresa de bolsas para vender más, puedo perder mi confianza en las soluciones ambientales amigables. Así, la buena voluntad de actuar para un futuro sostenible puede desaparecer fácilmente.

Me resultó sorprendente descubrir que hay muy pocas regulaciones específicas sobre el greenwashing en todo el mundo. Al investigar el tema, esperaba encontrar muchas leyes en Europa o los EE. UU. que abordan específicamente esta práctica engañosa, pero descubrí que solo algunos países mencionan el delito de «lavado verde». La mayoría de los países tienen leyes de protección al consumidor, pero pocas especifican que es considerada una práctica comercial engañosa mentir sobre los aspectos medioambientales de un producto o servicio. En 2021, Francia modificó su código de consumo para incluir esta dimensión ambiental en las prácticas reprochables, lo que lo convierte en uno de los primeros países en hacerlo. A pesar de que el concepto de greenwashing ha existido desde 1986, su inclusión en las regulaciones mundiales es muy reciente. 

Por tanto, la regulación del greenwashing puede ayudar a garantizar que las empresas no hagan afirmaciones falsas o engañosas sobre la sostenibilidad o el impacto ambiental de sus productos o servicios. De esta manera, se promueve la transparencia y la responsabilidad empresarial en la promoción de prácticas sostenibles. Además, la regulación del greenwashing puede ser beneficiosa para la protección ambiental en general, ya que puede impulsar a las empresas a mejorar su desempeño ambiental y a ofrecer productos y servicios más sostenibles. De esta manera, se fomenta una competencia justa entre empresas que promueven prácticas sostenibles y se reduce el impacto ambiental de la producción y el consumo de bienes y servicios.