Es posible que durante este raro mes de mayo, la gente que boletea por sus honorarios y que conforma una parte importante de la fuerza de trabajo del país, haya recibido un informe del SII en su casilla de correo electrónico. En este reporte se explica cómo se gastan los impuestos de cada quien, y se muestra que la partida correspondiente a “protección del medio ambiente” destaca en el último lugar de la lista. Y tan veloz como quien se da cuenta de cuánto le ha decidido retener el fisco esta vez, se puede extraer sin esfuerzo que aquel monto corresponde a un 0,4% aproximadamente. 

Revisando entonces, se puede encontrar sin mayor dificultad en el portal de la DIPRES del gobierno de Chile, que la ley de presupuesto aprobada para el presente año 2020 ha dispuesto 60.500 millones de pesos al Ministerio del Medio Ambiente (MMA), lo que corresponde a un 0,12%. O sea, ¿Es peor el escenario de lo que pensábamos? Y claro, pues existe una metodología ampliamente aceptada y aplicada por organismos internacionales como EUROSTAT y CEPAL, en la que el gasto en protección del medio ambiente está definido por una serie de partidas que se reparten en diferentes servicios e instituciones (como el SAG, CONAF, SERNAPESCA, DOH y varias más) que al ser calculada(1), se obtuvo para el 2019, un 1,2% del presupuesto anual para este propósito. Dicho porcentaje ha bordeado el 1% durante la última década, alcanzando un máximo de 1,4% el año 2016. La pregunta que surge naturalmente es: ¿Son suficientes estos recursos?

Para dar más forma a este cuadro, se puede buscar qué dice y declara el gobierno a cargo respecto a la distribución del gasto. El último reporte del estado de medio ambiente expresa directamente su sentir, al declarar que “el principal objetivo de la agenda ambiental del gobierno (…) es mejorar el bienestar y calidad de vida de las personas a través de un desarrollo sustentable, lo cual reconoce que el desarrollo pleno de la sociedad descansa en tres pilares: crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y equidad social”. El mismo ejercicio se puede hacer con el gobierno anterior, donde a pesar de ciertas diferencias, se mantiene el mismo espíritu. Si se toma el texto citado, se puede observar que el crecimiento económico aparece como primer eje, entregando una preponderancia interesante al medio ambiente como “segundo pilar del desarrollo pleno”. ¿Va esto en el sentido del gasto público expuesto?

Respecto a la ciudadanía, existe evidencia que el medio ambiente es un tema cada vez más relevante para los Chilenos. Según las encuesta del gobierno en el período 2016-2017(2), los problemas ambientales pasaron de ser la quinta prioridad a situarse en el tercer lugar de importancia, precedidos solo por salud y educación.

A nivel internacional, resulta interesante detenerse a observar a aquellos países que hoy son visto como referentes en términos de su institucionalidad ambiental. Según un reporte del 2017(3), los miembros de la OCDE gastan un promedio de 4.5% del gasto público en temas medioambientales. Esto les ha permitido impulsar economías menos contaminantes alineadas con otros desafíos socio ambientales tales como el desacople entre crecimiento económico y el impacto ambiental. Evidencia de esta situación es la cantidad emisiones por cada dólar generado en el país, que en Chile asciende 0,32 kgCO2/USD mientras que países como Holanda, Alemania o Costa Rica no supera los 0,20 kgCO2/USD(4).

Más allá de las tendencias globales, la pandemia nos ha permitido visibilizar el efecto real de la inversión pública. Un caso interesante es la basura. Según la última encuesta del medio ambiente, la basura es, junto a la contaminación del aire, el problema que más afecta a la población. No es de extrañar entonces que la recolección de residuos y el reciclaje hayan sido consideradas como actividades esenciales en el contexto de la pandemia. Sin embargo, es necesario recordar que el 70% de los residuos municipales pasan por algún reciclador de base, por lo que hablar de reciclaje en Chile es indudablemente apelar a su labor y ellos, en su mayoría, trabajan dentro de la informalidad y la falta de reconocimiento(5). ¿Cómo es posible entonces que una actividad que resulta tan relevante para la sociedad se encuentre tan desprotegida? Resulta evidente que existe una brecha técnica, económica y política en la forma en que el estado prioriza el gasto público.

No se puede pretender una autosostenibilidad financiera de los servicios esenciales, y en particular, aquellos que abordan las externalidades ambientales que históricamente el estado no ha sido capaz de solucionar. La crisis del COVID-19 ha puesto en evidencia la necesidad de avanzar en la construcción de servicios medioambientales resilientes que puedan seguir operando en épocas de crisis. Esto, demanda una mayor inversión del gasto público y una política de apoyo permanente. Después de todo, el rol de lo público hace sentido sólo si atiende a mejorar el bienestar colectivo, con miras de largo plazo y sin importar el color del gobierno de turno.

Columna escrita por investigadores asociados de Fundación Basura:
– Nicolás Labra, Msc. Desarrollo Sostenible. Especialista en Economía Circular
– Daniel Maluenda, Ingeniero Ambiental.

(1)  https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/27434/1/BCN___Gasto_gubernamental_en_proteccion_medioambiental_edPM.pdf
(2)  https://mma.gob.cl/encuestas-nacionales-del-medio-ambiente/
(3) https://www.oecd-ilibrary.org/sites/gov_glance-2017-21-en/index.html?itemId=/content/component/gov_glance-2017-21-en
(4) https://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.KD.GD?end=2014&locations=CL-EU-NL-DE-OE-CR&start=2010
(5) https://mma.gob.cl/presentan-primera-radiografia-de-la-realidad-socio-laboral-de-los-recicladores-de-santiago/