El pasado domingo 26 de julio Fundación Basura conversó a través de un Instagram Live con Matías Asún, director nacional de Green Peace. En una variado e interesante diálogo se discutieron temáticas relacionadas a la problemática hídrica en nuestro país, situaciones como la desigual privatización de los derechos, la falta de un organismo centralizado de registro de propiedades de agua y el rol trascendental para la vida que trae consigo este recurso.

Además, se trataron asuntos reflexivos en torno a la creación de una nueva constitución que traiga consigo medidas reales a favor del medioambiente, analizando los orígenes de este sistema que, para Matías Asún, permite tratar el agua como un bien de consumo. Otra de las temáticas importantes a tratar fue la campaña impulsada por la organización, llamada “Suelta el Agua”. La cual consiste en una exigencia al gobierno en materias de distribución y liberación del agua, especialmente en la pandemia.

– ¿Cuál es la situación del agua en Chile?

El problema del agua en Chile es básicamente que está privatizada. Según la ley chilena el agua es un bien nacional de uso público, sin embargo, los derechos de uso sobre esta son propiedad de algunas personas. En simple palabras es como si yo dijera “el aire es de todos, pero si usted quiere respirar, debe pagar para tener el derecho a hacerlo”.

Estos derechos significan que una persona puede hacerse dueño de caudales de agua, como por ejemplo un río, de pedazos de un río, de montos de extracción de napas subterráneas, entre otros. El problema es que en la mayoría de los casos hay más derechos de agua que agua en sí y a su vez el cambio climático ha agravado esa situación aún más.

Una de las cosas más curiosas es que no existen documentos que permitan identificar quienes son los dueños de estos derechos. Existen personas que tienen inscrita su propiedad en el registro de la Dirección General de Agua, también hay otras que han ganado este patrimonio a través de juicios y por lo tanto la información se encuentra en sentencias de tribunales y en otros casos estas inscripciones se encuentran en el conservador de bienes raíces. Por lo tanto, la propiedad de las aguas se constituye de múltiples formas y no existe un registro centralizado respecto a ellas.

Finalmente, el problema radica en que nosotros como personas naturales, no sabemos cuánta agua hay entregada realmente, ni quienes son sus dueños. Puede ser que tengamos una idea, sabemos que Aguas Andinas es dueña de una gran parte de este recurso en el país, pero no tenemos un catastro preciso y detallado de quienes son los propietarios.

– ¿El problema es una consecuencia del sistema?

Es una realidad que apenas el agua toca el piso tiene dueño. Al encontrarnos en una situación de sequía, esto se traduce en términos prácticos que cada vez hay menos agua y también más competencia por su posesión. Por lo que hoy en día cientos de miles de chilenos, incluso teniendo sistemas de abastecimiento de agua potable propios, no están recibiendo agua. Esto debido a que no se recargan sus pozos o estanques.

En términos bien concretos lo que sucede en Chile es que existe un sistema que permite tratar el agua como si fuera un bien de consumo o de mercado. Este factor se ve enfrentado contra un elemento básico como lo es el agua, como precondición a la vida y la preservación del ecosistema.

Esta pugna tiene su origen en la privatización de las aguas durante la dictadura, donde solo unas pocas familias se vieron beneficiadas en cuanto a la obtención de estos bienes básicos, alcanzado el 98% del total de la propiedad. Estos monopolios extractivos explotan los recursos naturales hasta el día de hoy para producir riqueza, pero a su vez destruyen la tierra.

Hay que recordar que todos los conflictos ambientales están asociados al agua, desde la contaminación por plástico, hasta los mismos salmones. Por lo tanto, quien domina el agua, también domina el país, ya que todo posee una arista hídrica.

Matías comenta respeto a los orígenes de la propiedad del agua, la cual fue entregada de forma gratuita y a perpetuidad. Un ejemplo es el caso de Patagonia, donde casi todos los ríos no forman parte de la propiedad del estado a excepción del Baker y el Pascua.

Estos derechos del agua, como denomina Matías, hoy son transados y vendidos a través de una especie de corredor de propiedades, según comenta. Estos son medidos a través de litros por segundo y tal como menciona el director nacional de Green Peace, en muchos casos pertenecen a autoridades del gobierno. Es el caso del ministro de agricultura, Antonio Walker quien posee un patrimonio de 320 litros de agua por segundo, así también el ministro de Obras públicas, Alfredo Moreno, quien a su vez es encargado de la Dirección General de Aguas.  (intervención del escritor)

“172 litros de agua es el uso diario promedio por persona, por lo tanto, cuando el agua escasea más negocio se hacen lo propietarios”, comenta Matías.

– ¿Cómo revertimos esta situación?

Hago el llamado a votar apruebo en el plebiscito, ya que la constitución actual es la que genera este problema, debido consagra los derechos de propiedad. Una nueva constitución nos permitirá discutir que hacemos con el sistema actual, expropiamos, regulamos, continuamos, etc. Necesitamos gente que sepa del tema para poder regular correctamente esta situación.

En primer lugar, debemos cuidar el agua y sus fuentes. Después debemos reformar el código que permite la entrega de derechos de una forma demencial, así podremos permitirnos corregir las distintas irregularidades, tema del cual no se habla mucho.

– ¿Qué podemos hacer como personas naturales para impulsar esta transición al agua como derecho básico?

Una primera opción es unirse a la campaña de Green Peace “Suelta el Agua”, la cual consiste en exigir al gobierno un plan de distribución y liberación del agua, especialmente en la pandemia, donde muchas personas no tienen agua.

Más de 78 mil personas ya se han sumado a la campaña. Puedes participar sin ningún compromiso en este enlace.

El agua debe estar destinada al consumo humano y a la reproducción del ecosistema, ya que no existe vida sin agua. Todo parte por entender cómo funciona la vida, no podemos tener una constitución o leyes justas si no tenemos conocimiento. En ese énfasis, critico mucho al modelo, ya que genera beneficio para unos pocos a costa de la calidad de vida de muchos y esto aumenta a su vez la desigualdad social, en el fondo, la crisis social es también una crisis ambiental.