En paralelo, en Chile, la propuesta legislativa que previene y sanciona el lavado verde de imagen espera ser discutida en el Senado, en su Segundo Trámite Constitucional. 

El pasado 17 de enero, el Parlamento Europeo votó a favor del proyecto de ley cuyo objetivo es proteger a los consumidores del greenwashing o lavado verde de imagen, que se traduce en prácticas comunicacionales que tienden a la confusión por parte de las empresas, que buscan capitalizar la creciente conciencia socioambiental de la ciudadanía. De esta forma, la finalidad es ayudarles a elegir de manera informada a la hora de adquirir productos y servicios.

A partir de la publicación de la ley en el Diario Oficial, se prohibirá el uso de ciertas frases genéricas sin mayor información al respecto, por ejemplo: “respetuoso con el medioambiente” o “biodegradable”. En el futuro, la Unión Europea (UE) solo permitirá etiquetas de sostenibilidad basadas en sistemas de certificación oficiales.

Además, la información sobre las garantías de los artículos que se comercializan deberá ser mucho más visible, prohibiendo que se realicen afirmaciones infundadas sobre la durabilidad de estos o que se presenten como reparables cuando realmente no lo son.

La propuesta tiene que recibir una última aprobación por parte del Consejo del Parlamento Europeo, tras lo que será publicada en el Diario Oficial, dándole 24 meses a los Estados miembros para que la incorporen a su ordenamiento jurídico nacional.

La tramitación en Chile

Así como en la UE se ha avanzado en materia legislativa relacionada al greenwashing, en Chile se está recorriendo un camino similar. Actualmente, el proyecto de ley que busca prevenir y sancionar el lavado verde de imagen, presentado por el diputado Félix González (Partido Ecologista Verde) y Fundación Basura, se encuentra a la espera de su tramitación en el Senado.

Dentro de los puntos más importantes de la iniciativa destaca que “las empresas que efectúen publicidad de la sustentabilidad deberán entregar información completa, veraz, verificable, comprensible y precisa y no podrán omitir antecedentes relevantes que puedan inducir a error”.

La propuesta impulsada por González junto a Fundación Basura fue aprobada en su Primer Trámite Constitucional. Y si bien en dicha instancia la oposición votó en contra del proyecto, el autor de este es positivo a la hora de pensar en la discusión que se llevará a cabo en la Cámara Alta. “Yo creo que están los votos para poder aprobarlo. El sentido común tiene que primar”, afirma González.

Sin embargo, el diputado advierte que el problema con el que se puede enfrentar el proyecto es que su discusión no se lleve a cabo en el corto plazo. “Que el Gobierno le ponga urgencia es lo que necesitamos ahora. Para eso tiene que estar en la agenda pública y debe tener un respaldo ciudadano que sea visible”, sostiene.