La ley N° 20.920 (o Ley REP por la Responsabilidad Extendida del Productor que introduce) vino a intentar cambiar profundamente el actual manejo de los residuos sólidos en el país, y los fallos institucionales que explican que cada año aumente la generación de basura, y que más de un 90% de ésta termine enterrada, con la pérdida de materias primas y de energía que supone.

Por Jorge Canals de la Fuente. Ex subsecretario del Medio Ambiente.

Si bien hemos aumentado lentamente el porcentaje de valorización de los residuos, aún estamos muy lejos de los países desarrollados. Antes de la REP, su manejo recaía fundamentalmente en las municipalidades, cuyos contratos con empresas recolectoras incentivan la generación de residuos (los precios se pactan por volumen recogido). Además, sobre el 80% de las personas a nivel paísse encuentran exentas del pago del derecho de aseo,  debido a la exención contenida en el decreto ley N° 3.603 de 1979 sobre rentas municipales (a los usuarios cuya vivienda tenga un avalúo fiscal igual o inferior a 225 UF mensuales) .Generar más basura no implica ningún costo, y el que contamina, en este caso, no paga.

la Ley REP establece un nuevo marco para la gestión de residuos, y crea un régimen especial que busca prevenir la generación de residuos y promover su valorización y reutilización, sentando las bases para avanzar efectivamente hacia una economía circular.

Para ello, los productores de productos prioritarios son responsable de organizar y financiar su gestión, cumpliendo metas de recolección y valorización, y otras obligaciones asociadas fijadas por el Estado. El productor responde por el ciclo de vida completo del producto, reduciendo su impacto ambiental (incluyendo los impactos aguas arriba propios de la selección de los materiales para los productos, los impactos del proceso de producción, e impactos aguas abajo por el uso y eliminación de estos).

Cada producto prioritario tiene un mercado con características específicas, como es el caso de los envases y embalajes, cuya propuesta de metas y obligaciones asociadas, fue aprobada recientemente por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Los residuos de estos productos son estratégicos, dado que se generan alrededor de 2 millones de toneladas al año (principalmente, en cinco materiales: cartón para líquidos, metal, papel y cartón, plástico y vidrio) y solo un 27% se recicla.

La propuesta es un avance (y valida el proceso de consulta pública a que fue sometida) despejando varias dudas surgidas en torno a la libre competencia y los sistemas de gestión, en que se organizan los productores para cumplir las metas. Propone que las metas de recolección se entiendan cumplidas al tiempo de la valorización (para que todo lo que se recolecte sea valorizado); incentiva la descentralización estableciendo obligaciones de cobertura en recolección domiciliaria y en la operación de instalaciones de recepción y almacenamiento; estimula a los productores a diseñar envases y embalajes de fácil recolección y valorización, y a incorporar material reciclado en los nuevos envases; y especialmente promueve la plena incorporación de los recicladores de base, con exigencias de formalización, capacitación e incorporación como administradores u operarios de las instalaciones de recepción y almacenamiento, o bien como recolectores, siendo pagados por dicha labor.

Sin embargo, la extensión del plazo para alcanzar el 60% de reciclaje (en promedio para las cinco categorías) ya no para 2030, sino para 12 años después de que el régimen REP esté vigente ( que eventualmente, si el decreto es publicado el año 2021, su vigencia comenzaría el 2022), y que se difieren las metas intermedias en las subcategorías de cada residuo, constituye un llamado de atención.

Principalmente, en cuanto a la brecha en infraestructura que existe para hacerse cargo de la valorización de los residuos, a la falta de hábitos, y a las decisiones económicas de los productores. La gradualidad de las metas debería estimular la inversión en la industria del reciclaje, mejores decisiones de diseño en los productos, y la creación de un mercado que reduzca la cantidad de materias primas utilizadas en los procesos productivos, reemplazándolas por material reciclado (con el consiguiente ahorro de energía, agua y uso de rellenos sanitarios).

En tiempos de pandemia, se necesita más que nunca promover la educación socio ambiental sobre la prevención en la generación de residuos y su valorización, considerando que todo el sistema se hunde sin la participación de las personas que deben clasificar en origen sus residuos. Se requiere igualmente la aplicación de otros instrumentos económicos, como impuestos sobre materias primas o materiales contaminantes o peligrosos, sistemas de pago por basura mezclada en cada hogar (Pay As You Throw) y subsidios para el manejo de residuos domiciliarios.

La REP supone un profundo cambio en la gestión de los residuos en Chile, transitando desde un modelo productivo y de consumo linear, en el que el residuo generado se elimina en un relleno sanitario, hacia uno circular, donde los residuos aptos son considerados como materia prima para nuevos procesos productivos. Cambios de tal magnitud, son imposibles sin que todos sus protagonistas colaboren en una lógica de bien común, y de respeto al medio ambiente y la salud de las personas y otros seres vivos, precisa para los tiempos que atravesamos.

Y tú, ¿haces es tu parte?